Gobierno Propuso Convalidar el Delito de Feminicidio con Este Decreto Pueden Pasar una Pena de Hasta 70 Años de Prisión

POR: REDACCIÓN

La iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio representa un esfuerzo clave en México para unificar criterios penales y procesales en todo el país.

Hasta ahora, cada uno de los 32 estados de la República ha tipificado el feminicidio de manera diferente, lo que genera grandes brechas en la forma de sancionarlo y en el acceso a la justicia.

Se establece un rango de 50 a 70 años de prisión para quien cometa feminicidio en todo el territorio nacional El delito no caducará con el paso del tiempo.

Se prohíbe que los sentenciados tengan acceso a amnistías, criterios de oportunidad o conmutación de penas.

Para acreditar que el homicidio de una mujer fue por razones de género, la iniciativa incorpora 10 causales estandarizadas. Además, contempla 19 agravantes que permiten elevar la condena al máximo estipulado (70 años) cuando las víctimas sean:

Niñas, adolescentes o adultas mayores.

Mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.

Uno de los cambios más profundos es la obligación para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio. Esto busca evitar una práctica común en las fiscalías locales: archivar de inmediato los casos clasificándolos de forma errónea como accidentes, homicidios dolosos comunes o presuntos suicidios antes de agotar las líneas de investigación de género.

La reparación del daño ya no se limitará únicamente a una indemnización económica, sino que obligará a dar atención médica, psicológica y social a los familiares.

Se propone la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio para asegurar que los menores que pierdan a sus madres por este delito reciban seguimiento, protección y apoyos gubernamentales directos.

Esta ley general busca establecer un Protocolo Nacional Homologado de investigación para obligar a todas las fiscalías estatales a trabajar con los mismos estándares técnicos y de debida diligencia, combatiendo la impunidad que históricamente ha afectado la resolución de estos casos.

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