Mil 200 Organizaciones les Piden con Firmeza al Gobernador de Yucatán no Transferir Ante la SCJN
POR: REDACCIÓN
Este es un tema de alta tensión política y social en Yucatán, que pone frente a frente la autonomía del estado (impulsada por ciertos sectores locales) y el mandato constitucional y judicial a nivel federal.
La exigencia de este bloque de más de 1,200 organizaciones en su mayoría civiles, religiosas y de corte conservador se centra en pedirle al Gobernador de Yucatán que mantenga una postura firme y no modifique las leyes locales para alinearse con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente en temas clave como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto o la educación integral en sexualidad.
Para entender el fondo de este conflicto, vale la pena desmenuzar los dos argumentos principales que chocan en esta arena:
«Soberanía y valores locales» Quienes exigen que el gobernador «no ceda» ante la SCJN suelen fundamentar su postura en los siguientes puntos
Argumentan que Yucatán es un estado libre y soberano, por lo que su Congreso local debería tener la última palabra sobre sus propias leyes y códigos civiles, sin «imposiciones» del centro del país.
Sostienen que las decisiones de la SCJN no reflejan el sentir ni los valores de la mayoría de la sociedad yucateca, la cual se autodefine en gran medida como tradicional o conservadora.
Utilizan su peso numérico (más de mil organizaciones) como un recordatorio del costo político que podría tener para el gobierno estatal no defender lo que ellos consideran la «identidad y valores» de la región.
El principio de Supremacía Constitucional Por otro lado, desde la perspectiva jurídica y de los derechos humanos, la situación se ve de forma muy distinta
En México rige el principio de supremacía constitucional. Cuando la SCJN determina que una ley estatal es inconstitucional (por ejemplo, porque vulnera los derechos humanos o el principio de no discriminación), los estados están obligados a modificar sus marcos legales.
El derecho constitucional moderno establece que los derechos fundamentales de las minorías no pueden estar sujetos al voto o al sentir de las mayorías.
Si un gobierno estatal o un Congreso local se niegan sistemáticamente a acatar los fallos de la Suprema Corte, pueden incurrir en desacato, lo que legalmente podría derivar en sanciones severas, incluyendo la destitución de funcionarios.
El gobernador de Yucatán se encuentra en una encrucijada compleja: por un lado, la presión política y social de un sector muy amplio y organizado de su estado; por el otro, la obligación legal e institucional de respetar el orden constitucional de la República.
