Abuso del Poder les Costó Mucho Más de 5 Mil Pesos por Cada Mexicano Rompiendo un Récord de 10 Años
POR: REDACCIÓN
Es un dato durísimo que refleja una realidad muy frustrante. El análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, confirma que el costo de las «mordidas» y sobornos alcanzó su punto más alto en la última década.
El problema ya no es sólo un tema de percepción o de política, sino un golpe directo y cuantificable a las finanzas de las familias mexicanas.
Los datos muestran un quiebre en la tendencia a la baja que se venía registrando en años anteriores, marcando un repunte tanto en el gasto promedio como en la cantidad de personas afectadas
En promedio, cada persona afectada por un acto de corrupción tuvo que desembolsar 5 mil 431 pesos. Esto representa un aumento del 15% en comparación con la medición anterior (donde promediaba 4 mil 723 pesos).
La suma de todos estos pagos ilegales generó un boquete económico de 24 mil 886 millones de pesos.
Alrededor de 6.9 millones de ciudadanos sufrieron algún acto de corrupción al tener contacto con instituciones o servidores públicos. Esto significa que el 16% de las personas que realizaron algún trámite terminaron pagando un costo extra.
La tasa nacional de incidencia se elevó a 15 mil 642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, un incremento cercano al 12%.
Después de un periodo de descenso gradual desde el pico histórico del 2017 (cuando la percepción llegó al 91%), la tendencia se revirtió. El 84% de los mexicanos considera que la corrupción en su estado es un fenómeno frecuente o muy frecuente. Las instituciones que encabezan la lista con la peor imagen y mayores niveles de desconfianza son:
Siguen siendo percibidas como la autoridad más corrupta en 28 de las 32 entidades del país.
A nivel regional, las entidades donde la ciudadanía reporta una mayor percepción de corrupción son Michoacán, Baja California y la Ciudad de México, todas empatadas con un 89%. Por el contrario, Querétaro se mantiene como el estado con los niveles de percepción más bajos, registrando un 67%.
Este repunte frena la competitividad del país, pero sobre todo, convierte trámites y derechos básicos en un «privilegio» costoso que termina afectando con mayor fuerza a los hogares con menores ingresos.
