Montiel no Acepta la Derrota de Morena en Coahuila Pidio Hacer Averiguaciones de Presunta Compra de Votos del PRI
POR: REDACCIÓN
Tras la reciente jornada electoral en Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, fijó una postura contundente al denunciar lo que calificó como una «compra masiva y generalizada de votos» por parte del PRI.
La dirigente detalló una serie de presuntas irregularidades operadas durante la elección, destacando un esquema tecnológico de coacción y señalando la intervención de las autoridades locales.
Montiel acusó que los operadores del PRI entregaron códigos QR a los ciudadanos. Bajo esta dinámica, los votantes debían registrar su sufragio tomándole una fotografía a la boleta electoral junto al código QR para posteriormente recibir una retribución económica en efectivo.
La dirigencia aseguró contar con videos, listas de personas, sobres con dinero y, de manera relevante, la base de datos del sistema de control de dicha red, presuntamente facilitada por un militante del propio PRI.
Se denunció el uso de la policía estatal para intimidar a los ciudadanos, así como el arresto y retención arbitraria de más de 200 militantes y simpatizantes de Morena (incluidos legisladores federales) durante el fin de semana.
Además de las quejas formales ante el Instituto Electoral local, el partido adelantó que solicitará una investigación exhaustiva sobre el origen de los recursos financieros utilizados para sostener dicha movilización en efectivo.
A pesar de las anomalías señaladas, Ariadna Montiel destacó el crecimiento de Morena en la entidad, señalando que la coalición consolidó cerca de 300 mil votos, afianzándose como la segunda fuerza política en Coahuila con un incremento de más de tres puntos porcentuales en comparación con los comicios de 2020.
Finalmente, la líder de Morena aclaró que el partido no busca declarar de manera unilateral la invalidez de la elección, sino que agotará la vía jurídica presentando todas las pruebas recabadas ante los tribunales electorales para que sean las instituciones competentes las que determinen el impacto legal de estas irregularidades.
