Senado Aprueba Comisión del INE Para Detectar Candidatos Ligados al Crimen Organizado
POR: REDACCIÓN
El Senado de la República aprobó de madrugada la reforma para crear lo que formalmente se conoce como la Comisión de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Fue una jornada maratónica en el Congreso, pero la votación en la Cámara Alta se resolvió en poco más de 30 minutos.
Este movimiento representa un cambio importante en las reglas del juego electoral y ha levantado bastante polémica. Aquí están las claves de lo que se aprobó y los puntos de fricción:
La iniciativa, impulsada directamente por la presidencia de la República, modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) bajo las siguientes condiciones:
Hasta ahora, el INE registraba a los candidatos basándose en cartas de antecedentes no penales y declaraciones bajo protesta de decir verdad entregadas por los partidos. Con este cambio, el árbitro electoral podrá cruzar datos directamente con instituciones de inteligencia, seguridad pública y la Fiscalía.
Estará integrada por tres consejeros electorales que durarán tres años en el encargo, y su presidencia será rotativa de manera anual.
la comisión del INE recaba y contrasta la información institucionalmente robusta para emitir un dictamen, pero son los propios partidos políticos quienes deben tomar las decisiones informadas de mantener o bajar a los perfiles basándose en esos expedientes.
Deberá quedar instalada y operando antes de septiembre, justo a tiempo para el arranque formal del proceso electoral.
La votación en el Senado reflejó la misma división que se vio horas antes en la Cámara de Diputados (85 votos a favor del bloque de Morena-PVEM-PT frente a 40 en contra de la oposición)
Argumentan que es un candado urgente y necesario para blindar las elecciones, evitando que la delincuencia organizada infiltre perfiles en las boletas electorales y asegurando que los partidos tengan herramientas reales de prevención.
Acusan que este mecanismo carece de reglas claras de transparencia y que podría ser utilizado de forma selectiva o política para bloquear candidaturas de la oposición. Además, señalan que investigar nexos criminales corresponde a la FGR o a las fiscalías del Estado, no a la autoridad electoral. Incluso desde el propio INE, consejeros manifestaron previamente cierta resistencia por el riesgo de que el instituto termine actuando como «juez y parte» o asumiendo tareas de seguridad que rebasan sus funciones originales.
Con esta aprobación, el dictamen quedó blindado legislativamente para su promulgación e implementación inmediata de cara a los próximos comicios.
