LA FALSA CONCIENCIA

POR REDACCION

Le llaman, todos, corrupción. Es decir, pudrición, descomposición, drástica separación de la
norma que sería, se entiende, antípoda irreconciliable de tales divisiones. Pero no es corrupción,
no es abandono voluntario y culposo del “buen camino”, sino la necesaria consecuencia, la
férrea e ineludible manifestación de la ley básica que, en lo económico y en lo moral, rige y
gobierna a las sociedades “democráticas”, “libres”, y que sí se expresa cuando se intenta
reprimirla de modo arbitrario y voluntarista.


La meta suprema en la sociedad capitalista, de “libre mercado”, aprobada y aplaudida por
sus fuerzas más representativas, es el lucro individual, el máximo enriquecimiento personal, la
máxima acumulación de dinero y bienes materiales, a costa de lo que sea. Quienes logran
alcanzar dicha meta pueden sentirse “realizados”, hombres felices. La riqueza acumulada los
hace honorables, respetables, invulnerables; les da prestigio, fama y poder ¿qué más pueden
desear?


Y todo el mundo sabe que, en una sociedad “democrática”, el camino más “legal”, seguro y
rápido para lograr el ansiado enriquecimiento personal, es el “negocio”, el comprar y/o vender
lo que sea, con tal de obtener una ganancia lo más abultada posible.
La característica distintiva del capitalismo en este sentido, en comparación con las
formaciones socioeconómicas que le precedieron es, precisamente, la universalización del
comercio. En el capitalismo, a diferencia de las sociedades antiguas, todo se vuelve mercancía,


todo se compra y se vende, todo puede ser objeto de comercio y negocio, incluidos, aunque a
muchos repugne e indigne tanta crudeza, la fuerza humana de trabajo, la justicia, la dignidad y
el decoro.


Pero el derecho a la acumulación sólo en teoría puede ser universal, para todos; en la
práctica sólo puede existir para algunos a condición de negársele a los demás, a la inmensa
mayoría de la sociedad. Así, los grandes negocios, aquellas actividades que garantizan
verdaderas y gigantescas utilidades, son monopolio de unos cuantos, de los multimillonarios y
los políticos poderosos; al resto de la sociedad se le condena a recoger las migajas que caen de
la mesa del gran banquete y, a los menos afortunados, que son la mayoría, se les obliga de plano
a renunciar a su «derecho de hacerse ricos», atándolos al potro de tortura de un «puesto
burocrático» cualquiera con un sueldo fijo.


Pero por todo el cuerpo de la sociedad está diseminado el virus de la ambición, el principio
del lucro y del enriquecimiento personales. La clase dominante, con sus grandes lujos y
dispendios, pone el ejemplo. Los empleados, los funcionarios menores, los trabajadores en

general, viven continuamente acicateados por esta doble realidad que los empuja de modo
irresistible, a tratar de imitar a los poderosos. Y no teniendo nada más qué vender, nada más qué
negociar, terminan vendiendo las funciones inherentes a su desempeño, terminan vendiendo los
escasos favores que pueden conceder desde su modesto (a veces no tanto) cargo.


La «corrupción», pues, la prevaricación con los cargos públicos, vista desde el ángulo de
quienes la cometen, no es un delito ni mucho menos una transgresión flagrante a las normas
fundamentales y a la moral del sistema, sino una protesta legítima en contra de la injusticia que
supone la conculcación de su derecho a la «libre empresa» y una manera expedita de convertir
en realidad el carácter universal del derecho al «libre comercio».


Cuando un empleado bancario se queda con la mitad del crédito otorgado a un núcleo ejidal,
cuando un chofer roba las alcancías de su unidad, cuando el director de un reclusorio vende el
permiso para que ciertos presos puedan introducir en sus celdas artículos de lujo, cuando el
gerente de una compañía nacionalizada saquea el patrimonio de la misma, no está haciendo otra
cosa que obedecer el mandato básico que el sistema capitalista ha inscrito en su pórtico, con
letras de bronce, para todos sus hijos: ¡enriqueceos cuanto podáis y como podáis!


Todo esto demuestra, palmariamente a mi juicio, que la prevaricación, que la falta de
probidad y honradez de los funcionarios públicos, no es una corrupción, una descomposición de
los mismos, sino un fruto legítimo y consustancial del sistema de «libre empresa», así como de
la injusta distribución de la riqueza social y de las oportunidades vitales que conlleva.


Demuestra, por tanto, que es vano empeño querer erradicar tales prácticas con medidas
administrativas y policíacas.

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