ECONOMÍA CON JUSTICIA SOCIAL

POR REDACCION

Quiero pensar que hubo un tiempo en la historia de la sociedad humana en que era
algo evidente por sí mismo que la actividad económica no tenía, ni podía tener otro
propósito, que el de producir los artículos y servicios necesarios para la satisfacción de
las necesidades de todos, absolutamente de todos sus miembros, a quienes se reconocía
un derecho igual al acceso al bienestar físico y espiritual.


Sin embargo, por absurdo que pueda parecer, con el correr del tiempo y como
consecuencia de los cambios que fueron ocurriendo en el modo de producir y distribuir la
riqueza social, hemos llegado a una situación en la que muchos piensan, aunque no lo
digan o lo digan de modo poco claro, que esto no es así, que el verdadero propósito del
trabajo productivo de la sociedad es el de garantizar la existencia y prosperidad de los
grandes corporativos, de las gigantescas empresas mundiales y sus propietarios


respectivos, y que el resto de la humanidad, al mismo tiempo que ponerse
incondicionalmente al servicio de esos monstruos con tentáculos en todo el planeta, debe
conformarse con lo indispensable para no morirse de hambre y para poder seguir
trabajando sin descanso.


Los partidarios de este punto de vista, que no necesariamente son sólo los dueños de
la riqueza mundial sino gente a su servicio, como pueden ser «especialistas», publicistas,


columnistas, editorialistas, politólogos, etc., etc., no vacilan en acusar a quienes se
atreven a insistir en la necesidad de que la economía vuelva a estar al servicio del
hombre, en la necesidad de que el éxito o el fracaso de un modelo económico no se mida


sólo por la estabilidad de las variables macroeconómicas y por el crecimiento de las
exportaciones, sino, sobre todo y ante todo, por la elevación del nivel de vida de la
población en general, no vacilan en acusarlos, digo, de demagogos, agitadores sociales,
divisionistas y últimamente, epíteto que se ha puesto de moda, de «populistas»
irresponsables que nos quieren llevar al caos y a las crisis recurrentes.


Personajes no sólo con poder de opinión, sino incluso con gran poder político, se
atreven a responsabilizar al «populismo» del atraso de los llamados países en desarrollo y
se lanzan a defender, con todo, al modelo económico que podríamos llamar
proempresarial a ultranza, asegurando que, de seguir por este camino,

tarde o temprano,
de un modo espontáneo, natural, sin necesidad de poner en práctica políticas
expresamente destinadas a ello, la prosperidad de los grandes corporativos drenará hacia
los estratos más bajos de la sociedad y se generalizará, por esa vía, el bienestar que todo
mundo dice ambicionar y perseguir.

Pero, quienes así razonan, se olvidan, por causas que no es difícil adivinar, que su
modelo consentido es el que se viene aplicando, cuando menos desde hace ya casi 40
años, en los países subdesarrollados, manteniendo quietos y pacíficos a sus pueblos con
la promesa de que el ansiado progreso no tardará en llegar. Y sin embargo, es un hecho
que pocos se atreven a negar, que los resultados de esta política, medidos de modo


riguroso y con cifras al canto, están muy lejos de parecerse a la realidad prometida; que la
pobreza, el desempleo, la ignorancia, la insalubridad y la falta de servicios en general,
lejos de remitir se han incrementado en ese período, haciendo más honda, y por tanto más
antagónica, la división entre ricos y pobres en esos países.


De esto se deduce, cuando menos para quien intente razonar con una lógica sana y
desprejuiciada, que el verdadero enemigo del liberalismo económico a ultranza no es el
«populismo», como afirman sus defensores más obvios y menos escrupulosos, sino, justa
y precisamente, los magros resultados (si es que hay algunos) que el mismo ha arrojado
no en teoría, sino en el terreno de la dura y terca realidad?


A mí, lo confieso con toda honestidad, nunca me ha quedado claro qué es el
populismo o a qué le llaman «populismo» los partidarios de dejarlo todo en manos del
interés privado. Lo que sí sé es que es un hecho histórico bien comprobado que una
economía excesivamente estatizada, sin control del gasto público, desdeñosa de las
variables macroeconómicas, en perpetua guerra con la inversión privada por los espacios
económicos, partidaria del despilfarro y del endeudamiento, es ciertamente una economía


profundamente ineficaz y que daña principalmente a los que menos tienen. Y pienso,
quizás optimistamente, que incluso los llamados populistas están en contra de retornar a
este modelo fracasado. Pero si esto es cierto, más cierto es todavía que no podemos
seguir montados en una economía cuyo crecimiento y prosperidad beneficien sólo a unos
cuantos privilegiados, mientras la mayoría se debate en la penuria y los sufrimientos de
todo tipo.


Lo que México requiere, a mi modo de ver, está perfectamente claro y no se justifica,
por eso, tanto rollo y tanta alharaca en torno a la cuestión: hay que levantar una economía


de mercado, sí, pero ordenada, responsable, sin deudas ni crisis, que dé su lugar a la
empresa privada pero también al Estado como promotor de la justicia social, que sea
eficiente, es decir, que crezca y que genere riqueza, mucha riqueza a precios
competitivos, para nosotros y para el mundo con el que comerciamos. Pero junto a todo


esto, es indispensable que también se proponga, y lo lleve a cabo con mano firme y sin
claudicaciones, un reparto más equitativo de la renta nacional, como lo está demandando
a gritos la precaria situación de nuestras grandes masas de marginados e indigentes.

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