Continúa Firme la Orden de Aprehensión que un Juez Federal Libró en Contra del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
POR NOE GEA
Ciudad Victoria.- Continúa firme la orden de aprehensión que un Juez Federal libró en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia que el mandatario promovió.
La noche de este miércoles a través de un comunicado la Suprema Corte de Justicia expuso que la sesión fue resuelta en la Segunda Sala por unanimidad de cuatro votos.
“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el desechamiento de la controversia constitucional promovida por el gobernador de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión librada por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en
Almoloya de Juárez”.
La orden fue girada por el Juez Iván Aaron Zeferino Hernández, a petición de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por evadir el fisco en la compraventa de un departamento ubicado en la colonia Bosques de Santa Fe en el estado de México.
Dentro de los alegatos que hizo García Cabeza de Vaca es de que las autoridades federales nunca le avisaron sobre la existencia de la denuncia así como la documentación que obra en ella y que hasta el 29 de junio de este año a través de los medios de comunicación supo que existía una orden de aprehensión en su contra.
En la resolución de los magistrados se señala que que el 28 de mayo del 2021 un juez de amparo dio vista al gobernador sobre el informe rendido por el juez penal que emitió la orden de aprehensión en su contra, así como también dio a conocer los delitos que se le imputan, la causa penal a la que pertenece y la fecha en que fue emitida.
Con ello deja a la vista que el gobernador se excedió el plazo oportuno para presentar la controversia, ocurrida el 29 de julio de este año ya que cuenta con un límite de 30 días hábiles para poder hacerlo.
Cabe aclarar que el caso continuará en los tribunales toda vez que el Congreso Local también promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que reclama que los legisladores estatales son los que tienen la última palabra para desaforar al gobernador o darle su respaldo y no la Cámara de Diputados que el 30 de abril de este año realizó una declaratoria de procedencia para llevarlo a juicio.
