LA VERDAD SOBRE EL CAMPO VS EL DISCURSO DEL PRESIDENTE

POR Aquiles Córdova Morán.

El presidente López Obrador ha sacado del desván de los trastos viejos su sobado discurso
sobre los “moches” y la supresión de esa “práctica corrupta” a cambio de la entrega directa, “sin
intermediarios”, de las ayudas de su gobierno a las familias más necesitadas. Las fechas y las
formas hablan de una maniobra calculada para deslegitimar anticipadamente una posible
protesta de los antorchistas por la próxima discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto
de Egresos para 2022, por la Cámara de Diputados, y para reconquistar el voto de los
campesinos. Le urgen para mantenerse en la silla.


Pero esa deslavada retórica se estrella frontalmente contra la dura realidad del campo
mexicano. Se calcula que son millones de hectáreas de tierra laborable las que han quedado
yermas debido a que sus propietarios o poseedores han tenido que emigrar a otros estados del
país o a Estados Unidos, en busca de un mejor empleo y mayores ingresos. Las causas de este
desplazamiento son numerosas y variadas, pero hay dos que se destacan: a) el incremento de la
actividad del crimen organizado, que despoja a los productores de su propiedad o de su cosecha
mediante grupos de sicarios fuertemente armados, y que trata de enrolar, también por la fuerza,
a la gente joven de las comunidades; b) el insuficiente apoyo oficial a la actividad productiva
del campo, agravado por el excesivo y complejo papeleo requerido para acceder a esos recursos
o a los créditos blandos de la banca de desarrollo.


Según el INEGI, en México hay 9.3 millones de predios rurales, que abarcan una superficie
total de 190.3 millones de hectáreas. De este total, el 69% se dedica a la agricultura, el 11% a la
ganadería y el resto son bosques o terreno cerril. Del total destinado al cultivo, 51.56%, es decir,
poco más de la mitad, son minifundios de entre media y dos hectáreas; el 21.87% son parcelas
de entre 2 y 5 hectáreas; el 18.75% parcelas entre 5 y 20 hectáreas y los propietarios superficies
mayores a 20 hectáreas son, apenas, el 5.82%. Esto quiere decir que el campo mexicano está
integrado esencialmente por minifundios que producen para el autoconsumo.


Ahora bien, el discurso oficial habla de un apoyo a la producción agropecuaria mayor que
nunca; pero el presupuesto de la Secretaría respectiva ha sufrido una contracción muy
significativa en los tres años del actual gobierno. En 2018, último año del gobierno de Peña
Nieto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) dispuso de un presupuesto de 76 mil 476 millones de pesos; en 2019, primer año
de la 4T, esa Secretaría, rebautizada como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER) contó con 65 mil 434 millones de pesos, 14.4% menos que el del año anterior; en
2020, cayó a 46 mil 253 millones, 29.3% menos que en 2019, y en 2021 dispuso de 49 mil 291
millones, un ligero aumento pero muy lejano todavía al último año de Peña Nieto. ¿Es verdad,
entonces, que hoy el campo recibe apoyo como nunca?

La SADER dice que el dinero se dispersó así: 1 mil 600 pesos por hectárea para los
productores de granos en pequeña escala (minifundistas); mil pesos por hectárea para los de
escala media; 5 mil pesos para cada productor de café de pequeña y mediana escala y 7 mil
pesos para productores de caña de azúcar. Quedan claras dos cosas: primera, que las cuotas por
productor son, en todos los casos, totalmente insuficientes para el buen cultivo de las parcelas,
dejando a un lado las necesidades personales del productor y su familia; segunda, que se deja
fuera al sector más vulnerable, a los jornaleros agrícolas, la mayoría de los cuales no posee
tierra y, por tanto, no pueden recibir la ayuda oficial. El investigador sobre agricultura


sustentable de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano dice: “…en
el medio rural del país hay cuatro grandes grupos sociales: los campesinos de subsistencia, que
disponen de minifundios, cuyo rezago educativo y tecnológico es enorme y producen apenas
para comer. Otro sector es el integrado por jornaleros, quienes carecen de tierra, venden su
fuerza de trabajo y se mueven de un lugar a otro; el tercero es el de los pequeños propietarios,
quienes tienen más acceso a la educación, a los recursos naturales de suelo y agua y producen
más de lo que consumen, es decir, venden parte de su producción. El cuarto grupo es el más
reducido y está conformado por los empresarios agrícolas del norte, noroeste y occidente y
produce para la exportación”.


Según Noriega, el insuficiente presupuesto al campo está afectando a los 4 grupos sociales
(las negritas son mías, ACM), aunque no por igual. Los más perjudicados son los minifundistas
y los jornaleros. “Las carencias mayores -dice- se reflejan en los índices de pobreza de estados
como Guerrero, donde (…) no hay opciones de empleo, razón por la que gente, sobre todo de
La Montaña, al terminar el ciclo agrícola, sale de sus pueblos rumbo a Sinaloa, Baja California
u otras entidades”. El Colegio de la Frontera Norte afirma que “Tan solo el año pasado, en plena
pandemia de Covid-19, unos 200 mil jornaleros abandonaron sus comunidades y pueblos de
origen para trabajar en las grandes estancias agropecuarias de los estados norteños y del
noroeste del país. El 80.5% de ellos laboró en Baja California, Baja California Sur, Sonora y
Sinaloa”. Es decir, que los campesinos pobres y los jornaleros del sur sostienen con su trabajo
mal pagado el éxito de la agricultura de exportación del norte.

El estudio “Los efectos del presupuesto en el sector rural”, de la organización civil
FUNDAR, dice que la inversión oficial en el campo “tiene dos características: que el 52.7% se
concentra en las entidades del Norte y el Occidente del país, específicamente en Sinaloa,
Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas (…)” La otra característica
es que el resto del financiamiento, menos del 30%, se destina a estados del Sur: Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, entre otros. (Aquí volvemos a comprobar que el sur empobrecido subsidia al
norte desarrollado, por supuesto con la ayuda de todos los Gobiernos, incluido el actual).


“Además, este financiamiento presenta una alta regresividad, especialmente en FIRA, donde las
y los productores de más altos ingresos, que representan el 3.3% de las unidades de producción,
recibieron el 59.3% del financiamiento que otorga esa institución”. El abandono de los
campesinos pobres y los jornaleros no es un simple error del Gobierno, es un plan premeditado
para favorecer la agricultura capitalista a expensas de la de autoconsumo.

(Toda la información
anterior está tomada del reportaje de Trinidad González, publicado en el semanario Buzos de la
Noticia N° 997).

Esta es la feroz realidad del campo y los campesinos, una realidad que no respalda, de
ningún modo, los cantos de victoria del presidente por su política de “apoyos directos, sin
intermediarios corruptos”, que acaba de desenterrar para consumo de su público cautivo.

Antes
de terminar, hay dos aspectos más de esta amarga realidad. En un artículo publicado también en
Buzos y titulado “Una economía enferma, un país vulnerable”, el Dr. Abel Pérez Zamorano
resume así el fruto final de la política agrícola de la 4T: “Tampoco es para regocijarse que las
importaciones de alimentos vayan a la alza, no obstante los discursos de soberanía alimentaria,
«discursos comestibles»: «La caída en la producción de granos básicos como el maíz, trigo,
sorgo y frijol ha propiciado que México registre récords en importaciones de esos productos
(…) en los primeros cinco meses del año, el país ha importado 16.7 millones de toneladas de
granos básicos, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
(…) un incremento histórico de 13.6% en las importaciones de granos y oleaginosas respecto al
mismo periodo de 2020 (…)” (El Sol de México, 21 de junio de 2021). ¿A dónde se fueron los
éxitos de la política agrícola de la 4T? Solo vemos mayor dependencia alimentaria respecto a
EE. UU., peligrosa situación que nos explotará en la cara el día menos pensado.


Finalmente, Homero Aguirre, en su artículo semanal “El grito infantil que nadie oye en la
4T”, dice: “…en palabras del «Reporte Anual 2020 sobre las Peores Formas de Trabajo
Infantil», elaborado por el Departamento del Trabajo estadounidense, «Hay menores en México
que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la explotación sexual con
fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y a actividades ilícitas,
como la producción y el tráfico de drogas. Los niños también realizan tareas peligrosas en la
agricultura, entre otras, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates»”.

(Son los
pequeños hijos e hijas de los jornaleros trashumantes que laboran en los campos agrícolas del
norte sin ningún tipo de protección laboral. ACM). “Los datos de la Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil (ENTI 2019), financiada por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. (…)
También indican que el 52% de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos y el 25% de
los niños trabajadores no asisten a la escuela. (…)”.


Esta dura realidad es la que explica que, últimamente, al presidente lo reciben las masas
inconformes con quejas, peticiones y manifestaciones de protesta donde quiera que va. No son
las organizaciones corruptas, dolidas porque les quitó los “moches”, como dijo el domingo
reciente en Huauchinango, Puebla; son los agraviados por la parcialidad de sus operadores en
campo y por el incumplimiento total de sus promesas de ayuda, tal como se lo dijeron de frente
los damnificados del huracán Grace. No había por qué meter con calzador a Antorcha


Campesina; el presidente solo trató de hurtar el cuerpo a su responsabilidad personal, como lo
hace siempre en casos parecidos. Los antorchistas no se esconden nunca cuando salen a
protestar; no tienen motivos para hacerlo y prefieren que el país entero sepa de su lucha y de la
razón que les asiste. Todos saben esto, y si a pesar de saberlo siguen fingiendo esfuerzo para
“descubrirlos” y “denunciarlos”, es porque pretenden usarlos como chivos expiatorios de culpas
ajenas. Como en Huauchinango. Y como este sucio juego de manos puede repetirse en
circunstancias más graves y comprometidas, creo mi obligación el deslinde claro y definitivo de
acciones como la del domingo. Ahora que todavía hay oportunidad de hacerlo. Que conste.

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