Pide Olga Elizondo Pena de Cinco a Diez Años de Cárcel al Tráfico de Ganado.

Propone agregar al Código Penal Federal el delito de “tráfico de ganado”.

Reconoce que el ingreso ilegal de ganado de Centroamérica afecta a la ganadería mexicana, además que pone en riesgo la salud de los consumidores.

POR: REDACCIÓN

Ciudad de México, a 3 de junio de 2020

Con el propósito de proteger al sector ganadero de México, así como la salud de las y los consumidores, la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal para tipificar el delito de “tráfico de ganado”.

En su exposición de motivos, la diputada integrante del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados planteó que, desde hace varios años, el sector pecuario de México ha sido afectado por la introducción ilegal de ganado bovino originario y procedente de Centroamérica, situación que ha puesto en riesgo el estatus sanitario la actividad ganadera y las exportaciones comerciales; lo que en noviembre de 2019 llevó a los gobiernos de México y Guatemala a firmar un memorándum para regular esta actividad.

Este escenario ha alertado a las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, quienes han puesto sobre la mesa los riesgos que conlleva para las cadenas productivas un cierre de la frontera para el ganado y los productos mexicanos; pero, sobre todo, los peligros para la salud de las personas que consumen productos cárnicos y derivados.

Mencionó que el Gobierno de México ha implementado diversas campañas para la detección de enfermedades en el ganado, como la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina y la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales; acciones que han posibilitado el diagnóstico oportuno de enfermedades zoonóticas, generando una “movilización en territorio nacional de más de 8 millones de cabezas de ganado bovino y 800,000 cabezas exportadas a EE. UU.”.

Olga Elizondo agregó que la normatividad mexicana obliga a los productores a que “el ganado en México debe contar con un dispositivo de identificación oficial conocidos como ‘aretes amarillos’, instrumentos autorizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y empleado por el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA); la obtención de estos dispositivos se realizan en centros autorizados y en las Uniones Ganaderas a fin de identificar de manera única, permanente e irrepetible, así como asegurar el cumplimiento de las normas de trazabilidad y sanidad en el ganado bovino”.

No obstante, la legisladora por el estado de Tamaulipas reconoció que el tráfico ilegal de ganado es llevado a cabo por organizaciones delictivas que “compran ilegalmente o alteran los certificados de sanidad, aretes de identificación y guías de tránsito, aparentando cumplir con la normatividad nacional y acreditar la legal procedencia del ganado”, dando lugar al ingreso a territorio nacional de cerca de 1 millón de cabezas de ganado ilegal anualmente con un valor de 10 mil millones de pesos.

Con su Iniciativa pretende adicionar un CAPÍTULO II BIS denominado “Del tráfico de ganado” al TÍTULO SÉPTIMO del LIBRO SEGUNDO y un artículo 199 Bis 1; reformar el primer párrafo y adicionar un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 242 Bis del Código Penal Federal, para que se castigue con prisión de cinco a diez años y una multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos a “quien introduzca ilegalmente ganado al territorio nacional, lo transporte, comercialice, sacrifique o rompa los cercos sanitarios, así como a quien altere, reutilice, proporcione información falsa o falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias, así como al Técnico Identificador Autorizado que coloque los dispositivos de identificación oficial sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable”.

Además, “las penas se incrementarán en una mitad para el servidor público que por sí o por interpósita persona, participe en cualquier forma o permita la comisión de los ilícitos y se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”, propuso la diputada Olga Elizondo.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para continuar con su procedimiento legislativo.

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